Puerto Rico: Retomando el Crecimiento Económico
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Puerto Rico: Retomando el Crecimiento Económico
Por: Jorge San Miguel, Esq.
Esta empíricamente demostrado que mientras más libertad económica existe en una jurisdicción, mayor es la prosperidad que ésta alcanza en renglones tales como ingresos, educación, salud, protección ambiental y reducción de pobreza. ¿Cómo se logra esa libertad económica? Primero, con un gobierno que goce de libertad fiscal y que limite su gasto público. Segundo, con eficacia reguladora que incentive la libertad empresarial y laboral. Y tercero, permitiendo mercados abiertos que estimulen la libertad comercial, financiera y de inversión. Hong Kong, Singapur y Chile están entre las economías más libres del mundo y contra las cuales frecuentemente nos comparamos o hacia las cuales aspiramos.
Puerto Rico hoy –
Puerto Rico recientemente ha girado en contra de todos estos principios de libertad económica – creciendo el gasto público, eliminando reformas contributivas y de permisos y gravando y limitando la actividad comercial y de inversión. El discurso oficial hoy es que la economía de Puerto Rico ha estado en contracción desde el 2006…necesitamos el Capítulo 9 del Código de Quiebra Federal…y ahora sí necesitamos reformas de crecimiento económico.
Añorando el pasado (reciente) –
Este discurso ignora las políticas de crecimiento económico adoptadas entre los años 2009 al 2012. Entre estos años, Puerto Rico implementó medidas significativas y eficaces que mejoraron los servicios públicos y provocaron crecimiento económico. Las medidas más notables incluyeron: (i) Ley de Alianzas Público-Privada (Ley 29-2009); (ii) Ley de Reforma de Permisos (Ley 161-2009); (iii) Ley de Reforma Contributiva (Ley 1-2011); (iv) Ley de Exportación de Servicios (Ley 20-2012); (v) Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas (Ley 22-2012); (vi) Ajuste en los gastos del gobierno y el pago de deudas vencidas a suplidores del gobierno. El gobierno incentivó además la inversión privada en proyectos de energía renovable, logrando proyectos solares y eólicos nunca antes desarrollados en la isla. Se encaminaron también las alianzas público privadas de la autopista PR-22 y el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín valoradas ambas en más de $2.4 billones. En conjunto, estas medidas colocaron la economía de Puerto Rico en territorio positivo por primera vez desde el 2006, según el Índice de Actividad Económica del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico. Además, estas medidas y la actividad económica resultante crearon optimismo y confianza en los mercado financieros. La casa acreditadora S&P, por ejemplo, aumentó la clasificación crediticia de Puerto Rico de BBB- a BBB. De hecho, poco después de las elecciones generales del 2012, Fitch Ratings emitió un comunicado el 18 de diciembre exhortando a la administración entrante a continuar las medidas de crecimiento económico establecidas.
Sin embargo, el gobierno entrante adoptó políticas contrarias que no tardaron en sentirse. Aumentaron las contribuciones (Leyes 40-2013 y 77-2014); eliminaron la reforma de permisos de 2009 (Ley 151-2013); aumentaron el gasto gubernamental; cesaron nuevas alianzas público privadas y atacaron la conclusión del proceso de alianza del aeropuerto internacional. Paralizaron además los proyectos de energía renovable. El resultado ha sido claro. Las tres agencias crediticias degradaron la calificación crediticia de la isla al punto más bajo en la historia. Los estudios competitivos internacionales del World Bank Goup y el World Economic Forum evidencian también el deterioro en múltiples categorías. Según el World Bank, la facilidad para hacer negocios en Puerto Rico perdió seis posiciones en un solo año (posición 41 en 2013 a la 47 de 189 jurisdicciones en 2014).
En cuanto a eficiencia de gobierno, el World Economic Forum nos coloca perdiendo 20 posiciones (posición 38) entre el 2013 y 2014 (de la posición 38 a la 58 de 144 jurisdicciones) – después de haber avanzado 50 posiciones entre el 2009 y 2012.
Retomando el crecimiento –
¿Puede Puerto Rico, una vez más, superar las barreras estructurales y económicas actuales? Sin duda, pues lo logramos hace escasamente 3 años. En el plazo inmediato, Puerto Rico puede implementar cuatro iniciativas que no requieren legislación, reestructuración, Capítulo 9, ni implican riesgos políticos. Estas iniciativas apoyan los pilares que aseguran mayor libertad económica y tienen un valor total de entre $4 – $8 billones entre ingresos anuales adicionales, ahorros e inversión económica.
Primeramente, debemos aumentar la recaudación de impuestos existentes. La isla promedia una captación de 56% de impuestos cuando el promedio nacional es de 83%. Una tasa actualizada de entre 65% a 70% aumentaría ingresos entre $400 – $600 millones anualmente. Esto se puede lograr con tecnología existente y fiscalización efectiva.
En segundo lugar, el gobierno debe implementar – por medio de órdenes ejecutivas – una reforma de permisos inmediata que expedite y facilite los procesos de permisos particularmente para infraestructura crítica como carreteras, energía, agua, entre otros. Esta iniciativa puede proporcionar un estimado de entre $1 – $2 billones en nueva inversión a corto plazo.
Tercero, el gobierno puede y debe ejecutar proyectos de alianza público-privadas. Estos proyectos brindan múltiples beneficios tales como: (i) monetizar rápidamente activos del gobierno, (ii) transferir costos de operación y mantenimiento a una entidad privada y (iii) optimizar infraestructura para mejorar el crecimiento económico. Puerto Rico cuenta con variados activos que pueden beneficiarse de estas alianzas, incluyendo carreteras, aeropuertos, puertos marítimos, plantas de energía y proyectos de agua y alcantarillado. Un estimado conservador sugiere transacciones valoradas entre $2 – $4 billones.
Por último, el gobierno tiene que implantar la reforma de compras de bienes y servicios para el sector público. Esta reforma esta legislada – pero no utilizada – desde noviembre de 2011. Es inminente centralizar y reducir el gasto público. Durante el pasado año fiscal el gobierno pagó sobre $13 billones en bienes y servicios – cifra mayor a la del presupuesto del gobierno – para 130 agencias ejecutivas, 78 municipios y 17 corporaciones públicas. La implantación de la reforma de 2011 brindaría beneficios por volumen, aumentaría transparencia y la competencia entre suplidores. Un simple aumento de 10% – 20% en eficiencia nos ahorraría entre $1.3 – $2.6 billones anualmente.
La situación actual no es una “crisis” sino una oportunidad para implantar las reformas necesarias para mejorar los servicios públicos, ayudar a los más vulnerables y reiniciar el crecimiento económico. La historia reciente nos valida. La implementación de políticas de crecimiento económico nos va a encaminar hacia una economía más libre y próspera. Las opciones existen, las conocemos y están en nuestras manos. Es cuestión de voluntad; solo hay que actuar.
JSM